Abascal: Controversias, Leyes y Conflictos

El nombre Abascal resuena con diferentes ecos en la historia y la actualidad. Mientras que un Abascal, el virrey José Fernando de Abascal y Sousa, fue una figura clave en la defensa de la Corona española en América, organizando un poderoso ejército de hasta 23.000 hombres para oponerse a los ideales liberales de las Cortes de Cádiz y las juntas de gobierno, decidiendo incluso avanzar su ejército hasta Tucumán por su audacia militar; en la era contemporánea, es Santiago Abascal, líder del partido político español Vox, quien ha captado la atención mediática y política. Su figura ha estado envuelta en diversas controversias, tanto a nivel internacional, por su visita a México, como a nivel interno en su propia formación política en España.

La Visita de Santiago Abascal a México y el Desafío del Artículo 33

A principios de mes, la política mexicana fue escenario de un debate encendido tras la visita de Santiago Abascal, dirigente del partido de ultraderecha español Vox. Un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) lo invitó a firmar un documento conocido como la “Carta Madrid”, una iniciativa que busca, según sus promotores, detener el avance de la ideología comunista. Esta visita generó una ola de reacciones, y la pregunta sobre la posible expulsión de Abascal del país no tardó en surgir, poniendo en el centro de la discusión el controvertido Artículo 33 de la Constitución Política de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la efervescencia generada, aseguró públicamente que no aplicaría el Artículo 33 para la expulsión del líder de Vox. Su postura fue clara: no expulsaría a ningún extranjero, incluso si viniera a intervenir en la política nacional. Esta declaración, sin embargo, abrió el debate sobre la vigencia y aplicación de dicho artículo, una herramienta legal que, según especialistas, ha caído en desuso en la historia moderna de la nación.

Expertos en derecho constitucional como Ricardo Tapia Basurto, profesor de asignatura en la UNAM, y Edgar Ortiz Arellano, coinciden en que no existían elementos para configurar una posible expulsión del dirigente partidista español. Tapia Basurto explica que en el caso de la visita de Abascal, su derecho a la alianza internacional, como lo hacen varios partidos, está garantizado. Además, la libertad de expresión, un derecho humano fundamental y una garantía constitucional, protege a todos los seres humanos, sin importar el país en el que se encuentren, y el Artículo 33 no establece que los extranjeros que opinen “mal” del gobierno deban ser expulsados. Ortiz Arellano añade que Abascal no hizo declaraciones en contra del Estado mexicano ni vino a organizar una facción partidista, al menos no con información pública que lo demuestre, lo que hace inaplicable el artículo en este contexto.

El incidente, según Ortiz Arellano, fue utilizado por el presidente López Obrador como una estrategia política y de comunicación. Al anunciar que no aplicaría el Artículo 33, el presidente generó una narrativa de tolerancia y democracia, apareciendo como un líder que, a pesar de tener esa facultad, opta por no ejercerla, lo que le generó una opinión pública favorable y votos. Alejandro Rosas, director de la agencia Disruptio, considera que la oposición, al invitar a Abascal a una sede como el Senado, se “tropezó sola”, generando ganancias políticas al presidente.

El Misterio del Artículo 33 Constitucional: ¿Una Herramienta en Desuso?

El Artículo 33 de la Constitución Política de México otorga al Presidente la facultad de expulsar del país a personas extranjeras que se inmiscuyan en la política nacional. Sin embargo, a lo largo de la historia moderna de México, la falta de regulación clara de este procedimiento lo ha llevado a un casi total desuso. Ricardo Tapia Basurto lo describe como una “herramienta política administrativa que no se utiliza”, que anteriormente buscaba ser una defensa para “deshacerse de los indeseables”.

A pesar de la clara presencia de personajes de otras naciones que han respaldado a entidades armadas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), o han participado en movimientos sociales como las manifestaciones por Ayotzinapa (caso del chileno Lawrence Maxwell en 2014), el Artículo 33 no se ha ejecutado. Los especialistas sugieren que este artículo, que data de una tradición mexicana postrevolucionaria con un profundo miedo a la intervención extranjera, debería ser revisado o replanteado para definir en qué casos específicos puede ser ejecutado. La ambigüedad sobre “en qué momento se puede aplicar” es su principal debilidad.

Además del Artículo 33, existen otras restricciones y regulaciones para los extranjeros en México, dispersas en diferentes artículos constitucionales. Estos incluyen el Artículo 8 sobre el derecho de petición, el Artículo 11 sobre la libertad de tránsito, el Artículo 27 referente al derecho a la propiedad, y el Artículo 32 que aborda las concesiones y los cargos públicos. La existencia de estas otras normativas, junto con el principio de la libertad de expresión universal, contribuye a la complejidad de la aplicación del Artículo 33.

Para entender mejor la evolución de este artículo, consideremos la siguiente tabla comparativa:

Conflictos Internos en Vox: El Caso de Murcia

Mientras Santiago Abascal lidiaba con la polémica de su visita a México, en España, su partido, Vox, enfrentaba una batalla legal y una crisis interna significativa. Tres diputados de la Asamblea Regional de Murcia —Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano, actual consejera de Educación—, que habían sido expulsados de la formación política, emprendieron acciones legales contra dicha decisión. La expulsión de estos parlamentarios generó un gran revuelo mediático y político.

La semana pasada, un juzgado celebró una vista oral para esclarecer el proceso de expulsión. Curiosamente, Santiago Abascal, quien había sido citado por la acusación, no acudió a declarar. Sí lo hizo Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, pero su testimonio no fue suficiente para convencer a la justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena declaró la nulidad de la resolución emitida por el Comité de Garantías del partido el 23 de junio de 2020, que establecía la salida de los tres parlamentarios murcianos.

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el Comité de Garantías incurrió en una “vulneración de los derechos de asociación y participación pública”, derechos fundamentales contemplados en la Constitución española. En consecuencia, el juzgado declaró la nulidad de la resolución de expulsión y de todas las decisiones derivadas de ella, incluyendo la convocatoria de las primarias de septiembre de 2020 para la elección de cargos del partido en la Región de Murcia. La sentencia obliga a Vox a reintegrar a los demandantes en su condición de afiliados con todos los cargos y derechos que tenían antes de la expulsión.

La causa de la expulsión de los tres diputados fue el despido, por parte de Juan José Liarte, de cuatro trabajadores del Grupo Parlamentario Vox, quienes, según se descubrió, habían creado cuentas falsas de Twitter para controlarlos, atacarlos y minar su posición política. Tras estos despidos, la dirección del partido liderada por Santiago Abascal primero suspendió de militancia y luego expulsó a los diputados, lo que finalmente los llevó a los tribunales.

Juan José Liarte ha expresado su gran satisfacción con la sentencia, destacando que revoca su expulsión, que era el punto central de sus acciones legales. En la práctica, esta decisión judicial no solo significa que los tres diputados vuelven a ser militantes con sus responsabilidades orgánicas anteriores, sino que también anula las primarias que designaron a José Ángel Antelo como presidente del partido en Murcia, el candidato preferido por Santiago Abascal. Liarte afirmó que, desde ese momento, Antelo ya no es presidente electo de Vox Murcia.

Los argumentos esgrimidos por la letrada que representó a los diputados para lograr la nulidad de su expulsión fueron amplios. Se alegaron irregularidades tanto de carácter formal como sustantivo, incluyendo una acumulación ilegal de expedientes sancionadores que vulneraba la Ley de Protección de Datos (ya que los motivos de expulsión de cada diputado deben ser conocidos individualmente). Además, se señaló la ausencia de libros de actas y la falta de firma y fecha en las actas sueltas, lo que generaba inseguridad jurídica. También se argumentó que el reglamento interno de Vox y el reglamento de la Asamblea Regional no impedían a los diputados expulsar a alguien que no estuviera realizando bien su trabajo en el grupo parlamentario.

Los diputados, durante todo el proceso, han sostenido que nunca se apartaron de los valores y principios del programa electoral de Vox. A pesar de la sentencia, que admite recurso, este fallo judicial marca un precedente importante y pone en evidencia las tensiones internas y la compleja relación entre la política partidista y la justicia.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Quién es Santiago Abascal?

Santiago Abascal es el líder del partido político español Vox, una formación de ultraderecha que ha ganado relevancia en el panorama político español y ha buscado alianzas internacionales, como la promovida por la “Carta Madrid”.

¿Se puede expulsar a un extranjero de México por inmiscuirse en política?

Según el Artículo 33 de la Constitución Política de México, el Presidente tiene la facultad de expulsar a extranjeros que se inmiscuyan en la política del país. Sin embargo, este artículo ha caído en desuso debido a la falta de regulación clara de su procedimiento y a la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

¿Por qué el presidente López Obrador no expulsó a Abascal?

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no aplicar el Artículo 33 para expulsar a Santiago Abascal. Expertos legales señalan que no había elementos suficientes para su expulsión, ya que Abascal no realizó acciones directas contra el Estado mexicano y su visita estaba amparada por la libertad de expresión y el derecho a la alianza internacional.

¿Qué pasó con los diputados de Vox expulsados en Murcia?

Tres diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia (Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano) fueron expulsados del partido. La razón oficial fue el despido de trabajadores del grupo parlamentario que, según los diputados, habían creado cuentas falsas de Twitter para atacarlos.

¿La justicia falló a favor de los diputados expulsados de Vox?

Sí, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena declaró la nulidad de la expulsión de los tres diputados de Vox en Murcia. La sentencia determinó que el Comité de Garantías del partido vulneró sus derechos de asociación y participación pública, y ordenó su reintegración al partido con todos sus cargos y derechos.

Reflexiones Finales

La figura de Santiago Abascal, ya sea por su papel en la política internacional o por las complejidades internas de su partido, pone de manifiesto las intrincadas relaciones entre el poder político, el marco legal y la opinión pública. El caso de su visita a México y la discusión en torno al Artículo 33 de la Constitución subraya la evolución de las leyes y su aplicación en un contexto globalizado donde la libertad de expresión trasciende fronteras. La negativa del presidente mexicano a ejercer una facultad que, aunque constitucional, carece de claridad en su aplicación, refleja una estrategia política que prioriza la imagen de tolerancia y democracia.

Paralelamente, la batalla legal en Murcia exhibe las tensiones inherentes a la vida interna de los partidos políticos y la importancia del debido proceso. La decisión judicial de anular la expulsión de los diputados de Vox no solo reivindica los derechos de los afectados, sino que también tiene implicaciones directas en la estructura de poder dentro de la formación en la región. La necesidad de transparencia, la correcta aplicación de los reglamentos internos y el respeto a los derechos fundamentales son pilares que la justicia ha reafirmado. Estos episodios, en conjunto, ofrecen una valiosa perspectiva sobre los desafíos que enfrentan los líderes políticos y sus organizaciones en la actualidad, donde cada acción y decisión es examinada bajo el escrutinio público y legal.

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