04/11/2019
Desde su ascenso a la presidencia, Nayib Bukele ha reconfigurado drásticamente el panorama político de El Salvador, otorgando un protagonismo sin precedentes al ejército salvadoreño. Esta relación, lejos de ser meramente ceremonial, se ha convertido en una pieza central de su estrategia de gobierno, marcando un giro significativo respecto a los principios de desmilitarización y separación de poderes que sentaron las bases de la democracia salvadoreña tras los Acuerdos de Paz de 1992.
El Papel Central del Ejército en la Era Bukele
El ejército, que en la década de los 80 fue uno de los principales actores en el conflicto interno que desangró a El Salvador, ha sido elevado a un estatus de aliado fundamental bajo la administración Bukele. Esta prominencia se ha manifestado en múltiples ocasiones, desde su despliegue en eventos de alta visibilidad hasta su participación en acciones que han generado controversia y preocupación a nivel nacional e internacional. La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) no solo ha sido un pilar en la ejecución de políticas de seguridad, sino también un símbolo recurrente del poder presidencial.
Los Acuerdos de Paz: Un Legado Bajo Ataque
Los Acuerdos de Paz, firmados en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992, representaron un hito trascendental para El Salvador. Pusieron fin a 12 años de guerra civil, que cobró entre 70,000 y 75,000 vidas, y sentaron las bases para una democracia moderna, garantizando la separación de poderes, la existencia de la oposición política y mecanismos de control institucional a través de una reforma constitucional. José María Tojeira, sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), los describe como uno de los hechos más importantes en la historia del país, al resolver los problemas por la vía del diálogo en lugar de la fuerza bruta.
Sin embargo, la administración Bukele ha manifestado una clara intención de distanciarse de este legado. En enero de 2022, a menos de una semana del 30º aniversario de la firma de la paz, el jefe de la bancada oficialista en el Congreso, Christian Guevara, anunció la petición de “derogación de la conmemoración de los Acuerdos de Paz” para, en su lugar, nombrar por decreto el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”. Esta iniciativa es vista por analistas como un intento de reescribir la historia reciente de El Salvador, minimizando la importancia de la negociación y el diálogo en la construcción de la paz, y buscando sepultar lo que queda de los partidos herederos de aquel conflicto, como ARENA y el FMLN.
Reescribiendo la Historia: Masacres y Memoria
El afán por reescribir la historia se evidencia también en la aproximación selectiva del gobierno a eventos pasados. La masacre de la UCA, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 por el ejército salvadoreño, en la que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas, ha sido objeto de una solicitud de reapertura judicial por parte del fiscal general nombrado por Bukele. Aunque el gesto es visto como positivo por algunos, como José María Tojeira, también advierte sobre posibles intenciones propagandísticas, señalando que el gobierno ha impulsado su propia narrativa “más allá de los condicionamientos éticos”.
En contraste, la actitud gubernamental hacia otra de las masacres más brutales de la guerra, la de El Mozote (diciembre de 1981), ha generado escepticismo. En este caso, un batallón élite de las fuerzas armadas asesinó a al menos un millar de personas. Bukele ha sido acusado de mentir sobre la desclasificación de archivos militares relacionados con este evento y, tras la imposición de nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el juez que llevaba el caso de El Mozote fue destituido. Geoff Thale, exdirector de WOLA, considera problemático este doble rasero, sugiriendo que las acciones buscan fines políticos más que una verdadera búsqueda de justicia, especialmente cuando los acusados en ambos casos son el liderazgo del ejército y la institución armada. Esto, según Thale, es un recordatorio de una de las lecciones más claras de los Acuerdos de Paz: las fuerzas armadas deben estar sujetas al estado de derecho.
Un ejemplo de la cercanía entre el gobierno y la cúpula militar es la condecoración, en julio de 2019, por parte del ministro de Defensa, René Merino Monroy, a Juan Orlando Zepeda, uno de los militares de más alto rango implicado en la planificación de la masacre de la UCA.
La Demostración de Fuerza: 9 de Febrero de 2020
Uno de los episodios más emblemáticos de la relación entre Bukele y el ejército ocurrió el 9 de febrero de 2020. Ante la negativa de la Asamblea Legislativa, entonces controlada por la oposición, de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares destinado a la compra de equipamiento para el ejército y la Policía, Bukele irrumpió en el Salón Azul del Congreso rodeado de militares fuertemente armados. Este acto, calificado de “autogolpe” por la oposición y condenado por la Corte Suprema de Justicia (que ordenó al presidente “abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales”), así como por Estados Unidos, la Unión Europea y Amnistía Internacional, fue defendido por Bukele como una demostración de poder para presionar a los legisladores.
Bukele, al no alcanzar el quórum, hizo una oración y llamó a la “insurrección popular”, aunque luego pidió calma a sus seguidores. Este evento no solo evidenció la disposición del presidente a usar la fuerza como herramienta política, sino que también puso en relieve la lealtad de la cúpula militar a su mando, a pesar de las críticas sobre la violación de la separación de poderes.
Consolidación del Poder: Reformas y Controversias
Tras las elecciones legislativas de 2021, en las que su partido Nuevas Ideas obtuvo una mayoría abrumadora, Bukele procedió a una rápida consolidación del poder. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, con el apoyo oficialista, aprobó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República. Esta acción, aunque respaldada por una gran parte de la población salvadoreña (alrededor del 70%), fue tildada de “autogolpe” y “toma del poder” por la oposición y generó una ola de condenas internacionales, incluyendo la de Estados Unidos, que la citó como un caso de “retroceso democrático”.
El gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa declararon los cambios “irreversibles”, argumentando que los magistrados ya estaban destituidos cuando emitieron su mandamiento de inconstitucionalidad. Esta serie de eventos ha permitido al Ejecutivo moldear el Órgano Judicial a su conveniencia, eliminando contrapesos y fortaleciendo su control sobre el Estado.
La disolución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en junio de 2021, mientras investigaba 12 casos de presunta corrupción en el gobierno, es otro ejemplo de cómo la administración ha eliminado mecanismos de control. Bukele también ha impulsado reformas políticas como la reducción del número de municipios (de 262 a 44) y de diputados (de 84 a 60), medidas que la oposición ha calificado de “fraude” y de un intento por cambiar las reglas del juego a favor del oficialismo.
La "Guerra Contra las Pandillas" y los Derechos Humanos
Una de las políticas más distintivas y populares de Bukele ha sido la "guerra contra las pandillas", lanzada con el Plan Control Territorial en junio de 2019 y escalada con el régimen de excepción en marzo de 2022. Esta estrategia, que ha contado con el apoyo masivo de la población (más del 90% según encuestas de Gallup en 2022), ha logrado una drástica reducción de los homicidios, pasando de 52 por cada 100,000 habitantes en 2018 a 7.8 en 2022, un logro "inimaginable" según InSight Crime.
Sin embargo, este éxito en seguridad ha venido acompañado de serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado "violaciones masivas de derechos humanos", incluyendo arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia policial. Se ha reportado que el 2% de la población del país está en prisión, con 18 muertes bajo custodia policial, y casos de hacinamiento carcelario. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 reclusos, simboliza esta política de mano dura.
Bukele ha rechazado enérgicamente estas críticas, acusando a las ONG de derechos humanos de estar "en contra de los derechos humanos" de la gente honrada y de buscar que El Salvador "siga con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios".
Además, el gobierno de Bukele ha sido acusado, tanto por el periódico digital El Faro como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de haber negociado en secreto un "pacto" con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Estas acusaciones sugieren que el gobierno habría ofrecido condiciones penitenciarias más flexibles y evitado extradiciones a cambio de una reducción de homicidios y apoyo electoral. Bukele ha negado rotundamente estas imputaciones, calificándolas de intentos de "sumisión absoluta" por parte de Estados Unidos. Casos como la liberación y posterior recaptura del pandillero Élmer Canales Rivera, "El Crook", han alimentado estas sospechas. Las acusaciones de Donald Trump en 2024 de que Bukele "tiró asesinos en los Estados Unidos" también se enmarcan en esta controversia sobre las razones de la reducción de la criminalidad.
La Reelección y el Futuro Democrático
En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con magistrados recién nombrados por la Asamblea Legislativa, emitió un fallo que permite al presidente de la República cumplir dos mandatos consecutivos, anulando una sentencia anterior que exigía esperar diez años para postularse. Esta decisión abrió la puerta a la reelección de Nayib Bukele en 2024, anuncio que hizo en septiembre de 2022. Aunque cuenta con un amplio respaldo popular (más del 80%), la medida ha sido fuertemente criticada por abogados constitucionalistas y exjefes de Estado, quienes argumentan que viola varios artículos de la Constitución y sienta un precedente preocupante para la democracia del país. Para postularse, Bukele solicitó y obtuvo una licencia temporal del cargo desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, con Claudia Rodríguez de Guevara asumiendo como designada presidencial.
El estilo de gobierno de Bukele, que prioriza la confrontación con la oposición y se apoya en una supuesta "voluntad popular" incondicional, ha transformado las dinámicas políticas de El Salvador. La relación con el ejército, la reescritura de la historia, la consolidación del poder judicial y legislativo, y la "guerra contra las pandillas" son elementos clave de una administración que busca una ruptura radical con el pasado posguerra civil, redefiniendo el equilibrio entre seguridad, libertad y democracia.
Tabla Comparativa: El Salvador antes y durante la Administración Bukele
| Aspecto | Antes de Bukele (Post-Acuerdos de Paz) | Durante la Administración Bukele |
|---|---|---|
| Rol del Ejército | Subordinado al poder civil, desmilitarizado, separado de la cosa pública. | Protagonismo elevado, aliado clave del Ejecutivo, presencia en actos políticos. |
| Separación de Poderes | Garantizada por reforma constitucional, existencia de oposición y mecanismos de control. | Cuestionada por acciones como la destitución de magistrados y el fiscal general. |
| Tasa de Homicidios | Altas, en algunos períodos superando los 100 por 100,000 habitantes. | Reducción drástica, de 52 (2018) a 7.8 (2022). |
| Acuerdos de Paz | Base de la democracia, símbolo de resolución pacífica de conflictos. | Legado bajo ataque, intento de derogar su conmemoración. |
| Derechos Humanos | Avances y monitoreo por organizaciones nacionales e internacionales. | Acusaciones de violaciones masivas, detenciones arbitrarias, críticas a ONG. |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Cuál es la postura de Nayib Bukele sobre los Acuerdos de Paz?
El gobierno de Nayib Bukele busca "derogar la conmemoración de los Acuerdos de Paz", proponiendo en su lugar un "Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado". Esta postura es interpretada como un intento de reescribir la historia y minimizar la importancia de la negociación en la construcción de la democracia salvadoreña. - ¿Por qué Bukele ingresó al Congreso con el ejército el 9 de febrero de 2020?
Nayib Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa con militares fuertemente armados para presionar a los diputados a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares, necesario para financiar su Plan Control Territorial contra las pandillas. La oposición se negaba a aprobarlo por falta de transparencia. - ¿Ha habido acusaciones de violaciones a los derechos humanos bajo la administración Bukele?
Sí, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han reportado "violaciones masivas de derechos humanos" durante el régimen de excepción, incluyendo arrestos arbitrarios, tortura y muertes bajo custodia policial, aunque el gobierno las niega y critica a estas organizaciones. - ¿Puede Nayib Bukele postularse a la reelección en El Salvador?
Sí, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2021 anuló un fallo anterior y permite al presidente postularse para dos mandatos consecutivos. Bukele anunció su intención de buscar la reelección en 2024 y obtuvo una licencia temporal para hacerlo. - ¿Cuál es el "Plan Control Territorial"?
Es una estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Nayib Bukele para combatir la criminalidad y las pandillas en El Salvador. Ha implicado un aumento de la vigilancia policial y militar, y ha sido clave en la drástica reducción de los homicidios en el país, especialmente bajo el régimen de excepción.
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