Feijóo y la polémica de movilizar al Ejército

En el siempre dinámico tablero político español, una reciente declaración del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encendido un acalorado debate y generado una fuerte controversia. La petición de Feijóo de movilizar al Ejército para dar “seguridad” y “ayudar a la gente en peligro” ha sido recibida con una contundente respuesta por parte del Gobierno, que la califica de intento de politización de las Fuerzas Armadas. Este incidente no solo pone de manifiesto las tensiones entre los principales actores políticos, sino que también reabre el debate sobre la relación entre el poder civil y el estamento militar en una democracia.

El contexto de esta sorprendente solicitud se enmarca en las discusiones sobre un plan de Defensa adelantado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue en el Congreso, durante este debate, donde Feijóo expresó su deseo de que el Ejército se movilizara con un propósito muy específico: ofrecer seguridad y socorro a la ciudadanía en situaciones de emergencia. Sus palabras fueron claras: “Para todo lo demás, habrá tiempo”, sugiriendo una urgencia y una prioridad en la acción militar directa en apoyo a la población. Esta visión, según Feijóo, se centraría en la capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar como un pilar de apoyo fundamental en momentos de crisis, una función que, aunque reconocida, ha sido objeto de interpretaciones diversas en cuanto a su activación y el canal para solicitarla.

La Reacción Inmediata del Gobierno: Acusación de Politización

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y fue particularmente vehemente. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lideró las críticas, exigiendo explicaciones a Feijóo. Lo que Albares considera una “petición muy extraña” y “muy, muy lejos” de la institucionalidad democrática, es el hecho de que el líder de la oposición haya pedido directamente reunirse con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y los responsables de los tres ejércitos. Para el ministro, esta acción representa un claro intento de “politizar” al Ejército, una institución que, por su naturaleza y función en un Estado democrático, debe permanecer neutral y al margen de las pugnas partidistas.

Albares fue tajante en sus declaraciones, recogidas por Europa Press, afirmando que una petición de esta índole “incapacita claramente para gobernar un día España”. Su argumento central radica en que la relación de cualquier líder político o grupo parlamentario con las Fuerzas Armadas debe canalizarse siempre a través del Gobierno, que es el legítimo representante del poder civil y el mando supremo de las mismas. La idea de que los grupos políticos se entrevisten directamente con militares es, para el ministro, una imagen de un Estado que dista mucho de los principios democráticos consolidados.

¿Qué significa “Politizar” al Ejército?

La acusación de “politizar” al Ejército es grave y central en esta controversia. En el contexto de un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas son una institución al servicio de la nación, no de un partido político específico. Su misión es garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial, así como la seguridad de los ciudadanos, siempre bajo el mando del poder civil democráticamente elegido. Cuando se habla de politizar, se hace referencia a la intención o al efecto de instrumentalizar a la institución militar para fines partidistas, o de involucrarla en debates y confrontaciones políticas que deberían ser ajenas a su ámbito de acción.

Esto implica que los contactos y las directrices deben fluir a través de los canales establecidos, es decir, el Gobierno. Un líder de la oposición que busca un contacto directo con la cúpula militar sin pasar por el Ejecutivo puede ser interpretado como un intento de subvertir la cadena de mando o de buscar un respaldo ajeno a los procedimientos democráticos. Albares enfatizó esta preocupación, lanzando la pregunta retórica: “¿Usted se imagina a todos los grupos políticos entrevistándose con militares? ¿Cuál es la imagen y la visión del Estado que tiene el señor Feijóo en la cabeza?”.

La Institucionalidad y el Rol de las Fuerzas Armadas

El concepto de institucionalidad es clave en este debate. Se refiere al respeto y la observancia de las normas, procedimientos y tradiciones que rigen el funcionamiento de las instituciones del Estado. En una democracia madura, la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas está claramente definida para garantizar la supremacía civil y la apoliticidad militar. Esto es fundamental para la estabilidad y la confianza en el sistema.

La preocupación del Gobierno reside en que la acción de Feijóo podría socavar esta relación, creando un precedente peligroso. El ministro Albares recordó que Feijóo “lo ha intentado durante mucho tiempo con la carrera diplomática”, sugiriendo un patrón de comportamiento que busca influir o “politizar” diferentes esferas de la administración pública. Este tipo de acciones, según el Gobierno, debilitan la neutralidad y la profesionalidad de los cuerpos del Estado, que deben servir a la ciudadanía de manera imparcial, al margen de los vaivenes políticos.

La movilización del Ejército, incluso para fines humanitarios o de seguridad ciudadana, es una prerrogativa del Gobierno, que debe evaluar la necesidad, los medios y la justificación legal para tal acción. Si bien las Fuerzas Armadas han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad y disposición para ayudar en situaciones de catástrofe natural o emergencia (como en la Operación Balmis durante la pandemia), su activación y dirección siempre recae en el poder ejecutivo.

Comparativa de Perspectivas sobre la Petición

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué Alberto Núñez Feijóo pidió movilizar al Ejército?

Feijóo solicitó la movilización del Ejército con el objetivo de proporcionar “seguridad” y “ayudar a la gente en peligro”, enfatizando que para “todo lo demás, habrá tiempo”, lo que sugiere una prioridad en la respuesta a emergencias y crisis ciudadanas.

¿Cómo reaccionó el Gobierno ante esta petición?

El Gobierno, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó la petición de “muy extraña” y de un intento de “politizar” al Ejército. Albares exigió explicaciones y afirmó que una acción así “incapacita claramente para gobernar un día España”, ya que la relación de los grupos políticos con el Ejército debe ser a través del Gobierno.

¿Qué significa “politizar” al Ejército en este contexto?

“Politizar” al Ejército se refiere a la intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en debates o intereses partidistas, o de buscar su respaldo al margen de los canales institucionales establecidos. Implica instrumentalizar una institución que debe ser neutral y estar bajo el mando exclusivo del poder civil democráticamente elegido.

¿Cuál es la relación adecuada entre políticos y militares en un Estado democrático?

En un Estado democrático, la relación adecuada es la de la supremacía del poder civil sobre el militar. Los grupos políticos y sus líderes deben interactuar con las Fuerzas Armadas a través del Gobierno, que es el mando supremo. El Ejército debe mantenerse apolítico y profesional, sirviendo a la nación y no a intereses partidistas.

¿Ha habido otros intentos de “politizar” instituciones por parte de Feijóo, según el Gobierno?

Sí, el ministro Albares mencionó que Feijóo “lo ha intentado durante mucho tiempo con la carrera diplomática”, sugiriendo un patrón de conducta en el que el líder del PP busca influir o politizar diferentes esferas de la administración pública.

La controversia generada por la petición de Alberto Núñez Feijóo de movilizar al Ejército y las subsiguientes acusaciones de politización por parte del Gobierno, subrayan la delicada línea que separa la acción política de la neutralidad institucional. Este episodio no es solo un choque entre partidos, sino un recordatorio de la importancia de la institucionalidad y el respeto a los canales establecidos en una democracia. La autonomía y la apoliticidad de las Fuerzas Armadas son pilares fundamentales para la estabilidad del Estado, y cualquier intento de socavarlas, ya sea por acción o por percepción, genera una legítima preocupación sobre la salud de las instituciones democráticas.

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