El Liderazgo del Comandante en Jefe del Ejército de Chile: Historia y Desafíos

La figura del Comandante en Jefe del Ejército de Chile es de vital importancia, no solo por su rol en la dirección de la institución militar, sino también por su posición en momentos cruciales de la historia y la actualidad del país. La información disponible nos permite explorar dos periodos significativos donde distintos generales ocuparon esta posición, enfrentando desafíos complejos y dejando una huella en el devenir institucional, marcada por la responsabilidad y la búsqueda de la transparencia.

El Liderazgo en el Banquillo: El General Ricardo Martínez Menanteau y el «Caso FAM»

Según los antecedentes proporcionados, el General Ricardo Martínez Menanteau ocupó la posición de Comandante en Jefe del Ejército de Chile en un periodo reciente, específicamente alrededor de finales de 2020 y principios de 2021, momento en que la institución se veía sacudida por el denominado «Caso FAM». Este escándalo, que involucró una estafa piramidal y un posterior desvío de fondos públicos para encubrirla, ascendió a más de $3 mil millones de pesos chilenos y llevó al procesamiento de aproximadamente 800 militares, tanto activos como en retiro.

Investigaciones Internas y Contradicciones

Frente a la magnitud del «Caso FAM», el Ejército emitió un comunicado informando sobre la instrucción de dos investigaciones sumariales administrativas. Sin embargo, fuentes castrenses señalaron que estos sumarios eran “deficientes”. El propio General Martínez Menanteau, al recibirlos, ordenó que se unificaran en una sola investigación y que se profundizaran, argumentando que no estaban “a la altura de lo que se requería dado el impacto mediático del tema”.

Los sumarios originales, abiertos en 2018, se dividían en dos frentes: uno en el Comando de Operaciones Terrestres, para determinar responsabilidades en el pago de viáticos fraudulentos (algunos incluso por viajes a Santiago para compras en centros comerciales), y otro en el Comando de Personal, por contratos fraudulentos que incluían prestaciones no realizadas. Es relevante destacar que el sumario del Comando de Personal fue cerrado en agosto de 2019 sin encontrar responsables, una decisión que Martínez consideró insuficiente, llevando a la unificación de ambas pesquisas.

El General Rodrigo Pino, comandante de la división de educación del ejército, con experiencia como agregado militar en Israel y especializado en inteligencia militar, fue el encargado de llevar a cabo esta investigación interna consolidada. Se esperaba que el informe final, que debía aclarar culpabilidades, estuviera listo a principios de enero de 2021, con un plazo perentorio hasta el 15 de enero de ese mismo año.

Acusaciones y Denuncias de Encubrimiento

En el marco de estas investigaciones, surgió el testimonio judicial del General Daniel Aberl, ex jefe de comando de personal del Ejército, quien fue acusado por el Consejo de Defensa del Estado como uno de los responsables del desvío de fondos. Aberl relató una supuesta persecución y extorsión por parte del Auditor General del Ejército, General Felipe Cunich, para que se inculpara en los sumarios internos, con el fin de “dejar limpios a los demás altos mandos y al propio Comandante en Jefe, Ricardo Martínez Menanteau”.

Aberl documentó esta situación en una carta fechada en 2018, dirigida al propio Martínez, donde describía una “situación inusual e irregular que excede cualquier ámbito legal”. En ella, detallaba una reunión con Cunich en abril de 2018, donde este último le habría pedido “asumir parte de la responsabilidad administrativa” a cambio de una “futura recontratación”, propuesta que Aberl rechazó. Sorprendentemente, y para sorpresa de Aberl, el Comandante en Jefe Martínez no solo no instruyó investigar esta grave denuncia, sino que, cuatro meses después, a través de su secretario, puso en duda la veracidad de la misma, lo que fue percibido como una protección al Auditor.

El General Cunich, a pesar de las denuncias, continuó su intento de buscar auto-inculpados, siendo posteriormente denunciado con una grabación donde se evidenciaba su propuesta ilegal al General Rodrigo Díaz Amechazurra. Aunque Cunich salió del ejército en medio del escándalo, fue contratado a honorarios en el Edificio Bicentenario como asesor de auditoría del ejército, una contratación aprobada por Martínez Menanteau. Posteriormente, trabajó en la fundación Alcázar, dirigida por Leonardo Martínez Menanteau, hermano del Comandante en Jefe.

Adicionalmente, el General Aberl entregó documentos que demostraban que él había normado los contratos a honorarios de los afectados por el FAM reincorporados al Ejército en 2015 y 2016. La Contraloría, en un fallo de 2020, determinó la responsabilidad de Aberl en 19 de estas contrataciones, y del Coronel Alberto Rivera Valencia en la supervisión. Rivera Valencia, cuya firma aparecía en los informes, alegó que su firma había sido falsificada, y el sumario se cerró sin responsabilidades.

La situación de Martínez Menanteau se tornó más compleja, ya que, aunque inicialmente fue mencionado como testigo, fuentes de la investigación sugerían que el Fiscal Palma estaba recabando información que podría llevarlo a pasar de testigo a imputado. Al menos tres uniformados habrían señalado a Ricardo Martínez como parte de quienes elaboraron el sistema de pagos con dineros del Estado para compensar a los estafados por el FAM. Dos de ellos, los generales Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, presentaron una querella por fraude al fisco, acusando que el Ejército pretendía limitar las responsabilidades a los oficiales de menor rango, ocultando un plan ideado y ejecutado por “altos mandos en Santiago, como una política institucional”.

Durante su período como subjefe del estado mayor conjunto (bajo el General Fuente Alba) y jefe del estado mayor general (con Oviedo), Martínez habría participado en al menos dos reuniones donde se actualizó el estado de pagos por fraude de FAM. Dada su posición y el manejo directo de los dineros de la institución, resultaba inverosímil que Martínez Menanteau no estuviera en conocimiento de los pagos de viáticos, honorarios y asignaciones, especialmente porque estos estaban debidamente identificados como para las víctimas del FAM. La situación se agrava al considerar que gran parte de estas prestaciones no realizadas se pagaron durante el período del General Oviedo, lo que implicaría un doble fraude al Estado.

Conflicto de Competencias Judiciales

El caso también se vio envuelto en un pleito judicial por la competencia. La fiscalía militar solicitó que la Ministra Romy Rutherford se hiciera cargo de la investigación, sacándola de la fiscalía civil de Aysén. El Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, calificó la decisión del fiscal militar como “increíble” y “no corresponde”, buscando que la Corte Suprema zanjara la disputa. El Consejo de Defensa del Estado, sin embargo, apoyó que la Ministra Rutherford asumiera el caso.

La presión mediática y política era evidente. El 5 de enero de 2021, el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, estaba citado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para exponer sobre las acciones efectuadas en el caso. Incluso, un intento del General Aberl de hacer públicos estos antecedentes en Canal 13 fue frustrado, con la nota siendo grabada pero nunca emitida, supuestamente por una “orden de Luksic”, un conocido empresario y reservista del ejército.

Un Vistazo al Pasado: El General Juan Emilio Cheyre y la Asunción de la Historia

Mucho antes del «Caso FAM», el Ejército de Chile, bajo el liderazgo del General Juan Emilio Cheyre, se enfrentó a un desafío de otra índole, pero de igual o mayor trascendencia histórica: la asunción de las responsabilidades institucionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar (1973-1990). A fines de 2004, el General Cheyre realizó una declaración histórica, afirmando que “el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

Esta declaración marcó un hito, reconociendo que las violaciones a los derechos humanos fueron “una práctica institucional de Estado” en la que estuvieron involucrados integrantes del ejército, la policía uniformada y civil, y organismos de seguridad creados para ese fin. El Informe sobre Prisión Política y Tortura, publicado en diciembre de 2004, reveló cifras escalofriantes: más de 28.000 prisioneros políticos, al menos 1.132 inmuebles utilizados como centros de tortura, y 3.196 personas muertas o desaparecidas como víctimas de la violencia política.

Los Centros de Detención y Tortura: Un Legado Doloroso

El documento oficial y los testimonios recogidos detallan los métodos de tortura utilizados, como “la parrilla” (descargas eléctricas), “el submarino” (asfixia en agua o bolsas plásticas), colgamientos, golpizas y violaciones. Los centros de detención habilitados al inicio del régimen militar fueron variados, incluyendo estadios, regimientos, cárceles, comisarías, barcos y edificios públicos. A continuación, se detallan algunos de los más emblemáticos:

• Estadio Nacional: Funcionó entre septiembre y noviembre de 1973 en Santiago, a cargo del Ejército. Llegó a albergar a 7.000 detenidos en un solo día, incluyendo extranjeros. Las condiciones eran precarias, con hacinamiento y testimonios de torturas a mujeres embarazadas.
• Villa Grimaldi: A cargo de la DINA (organismo de seguridad del régimen), ubicado en Santiago. Utilizado de 1974 a 1977. Los prisioneros permanecían incomunicados en espacios reducidos (cubículos de 80x80 cm, celdas de 2x1 metro para cinco personas, y la “torre” de seis metros para aislamiento absoluto). Se reportó la presencia de niños utilizados para presionar a sus padres.
• Tres Álamos: Custodiado por Carabineros bajo dirección de la DINA, en Santiago. Operó entre 1974 y 1975. Hacinamiento, humillaciones, castigos como suspensión de visitas y restricción de alimentos. Muchos detenidos fueron expulsados del país desde aquí.
• Cuatro Álamos: Conocido como el pabellón de incomunicación de Tres Álamos. No se reconocían oficialmente las detenciones. Los presos llegaban vendados tras torturas en otros recintos. Consistía en 12 pequeñas celdas.
• Puchuncaví (Melinka): A cargo de la Armada, cerca de Valparaíso. Operó de 1973 a 1976. Originalmente un centro de veraneo, fue adaptado por los propios detenidos. Tenía cinco instalaciones con cabinas, baños y enfermería.
• Chacabuco: Ex oficina salitrera en el norte de Chile, a 102 km de Antofagasta. Uno de los campamentos más grandes (36 hectáreas). Funcionó de 1973 a 1975, custodiado por Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros. Los detenidos eran forzados a tenderse desnudos, recibían golpizas, amenazas, problemas de alimentación y hostigamiento. Eran sometidos a ejercicios militares y trabajos forzados, viviendo en corredores de adobe sin luz eléctrica.

Comparativa de Desafíos en el Liderazgo del Ejército de Chile

Los periodos de liderazgo del General Juan Emilio Cheyre y del General Ricardo Martínez Menanteau, tal como se desprenden de la información, ilustran la compleja naturaleza del rol de Comandante en Jefe y los distintos desafíos que la institución ha debido enfrentar a lo largo de su historia reciente.

Preguntas Frecuentes sobre el Comandante en Jefe del Ejército de Chile

¿Quién fue el comandante en jefe del Ejército de Chile mencionado en 2004?

Según la información proporcionada, el General Juan Emilio Cheyre era el Comandante en Jefe del Ejército de Chile a fines de 2004.

¿Cuál fue el principal desafío que enfrentó el General Juan Emilio Cheyre durante su mandato?

El General Juan Emilio Cheyre tomó la decisión de que el Ejército asumiera las responsabilidades institucionales por los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado, específicamente las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

¿Qué es el "Caso FAM"?

El "Caso FAM" es un escándalo que involucra una estafa piramidal y el desvío de más de $3 mil millones de pesos chilenos de fondos públicos para encubrirla, con más de 800 militares procesados.

¿Quién era el Comandante en Jefe del Ejército de Chile durante el "Caso FAM" según los registros disponibles?

Según los antecedentes brindados, el General Ricardo Martínez Menanteau era el Comandante en Jefe del Ejército de Chile durante el periodo en que el "Caso FAM" se investigaba activamente (finales de 2020 y principios de 2021).

¿Qué controversias rodean al General Ricardo Martínez Menanteau en relación con el "Caso FAM"?

Existen acusaciones de que el General Martínez Menanteau habría protegido al Auditor General del Ejército, General Felipe Cunich, quien supuestamente intentó extorsionar a otros oficiales para que se inculparan. Además, hay señalamientos de que Martínez habría estado al tanto o incluso participado en la elaboración del sistema de pagos fraudulentos.

¿Por qué fue relevante el testimonio del General Daniel Aberl?

El General Daniel Aberl denunció públicamente una extorsión por parte del Auditor General del Ejército para que asumiera responsabilidades ajenas en el "Caso FAM", y además, su testimonio y documentos revelaron irregularidades en la gestión de contratos y posibles falsificaciones de firmas.

¿Qué centros de detención y tortura fueron identificados durante el régimen militar en Chile?

Entre los centros de detención y tortura identificados en el Informe sobre Prisión Política y Tortura se encuentran el Estadio Nacional, Villa Grimaldi, Tres Álamos, Cuatro Álamos, Puchuncaví (Melinka) y Chacabuco.

Reflexiones Finales sobre la Responsabilidad y el Futuro Institucional

La historia del Ejército de Chile, tal como se desprende de la información analizada, está marcada por momentos de profunda crisis y desafíos éticos. Desde la dolorosa asunción de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos bajo el liderazgo del General Juan Emilio Cheyre, hasta la reciente turbulencia generada por el «Caso FAM» durante el mandato del General Ricardo Martínez Menanteau, la institución ha estado bajo un constante escrutinio público.

Estos episodios subrayan la imperiosa necesidad de una probidad inquebrantable en la cúspide del liderazgo militar. La transparencia y la probidad no son solo requisitos legales, sino pilares fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en una institución tan vital para la seguridad y el orden de la nación. La búsqueda de la justicia, tanto por los crímenes del pasado como por los actos de corrupción recientes, es esencial para la integridad futura del Ejército. Solo a través de un compromiso firme con estos valores podrá la institución consolidar su rol y garantizar que su historia se escriba con honor y servicio a la patria, lejos de las sombras de la impunidad y el abuso.

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