¿Cuántos uniformes compra el ejército durante el estado de emergencia?

Millonarias Compras Militares en Emergencia

22/11/2024

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En medio de la urgencia sanitaria y el patrullaje de las calles peruanas, el Ejército Peruano realizó una serie de adquisiciones millonarias de uniformes que, lejos de pasar desapercibidas, levantaron una ola de cuestionamientos y sospechas. Durante el Estado de Emergencia, un período que exigía la máxima transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, la institución castrense desembolsó más de 45 millones de soles en la compra de casi 180 mil uniformes camuflados. Esta investigación, cuya publicación fue postergada y hasta intentaron suprimir con cartas notariales y gestiones inusuales, revela una compleja red de cambios normativos, el retorno de proveedores con historiales polémicos y conexiones empresariales que merecen ser examinadas con lupa.

¿Cuántos uniformes compra el ejército durante el estado de emergencia?
Durante el Estado de Emergencia, el Ejército compró 179 mil 471 uniformes por más de 45 millones de soles. La entidad encargada de este vendaval de compras fue el Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte).

La historia de estas compras no es solo un relato de cifras y contratos, sino un entramado que expone cómo, incluso en momentos de crisis nacional, los mecanismos de control pueden ser vulnerados y las puertas reabiertas a prácticas del pasado. La presión ejercida sobre los periodistas antes de la publicación de esta nota es, en sí misma, una señal elocuente de la sensibilidad y el impacto de la información que se detalla a continuación.

Índice de Contenido

Un Cambio de Reglas a Medida: El Retorno de la Compra Directa

Los primeros días de febrero de este año, justo antes del estallido de la pandemia en el país, dos decretos supremos firmados por el entonces presidente Martín Vizcarra y el ministro de Defensa Walter Martos, modificaron sustancialmente las reglas del juego en el ámbito de las adquisiciones militares. Estos cambios tuvieron un impacto directo en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), una entidad creada en 2012 con el propósito de centralizar y optimizar los procesos de compra, y, crucialmente, prevenir actos de corrupción.

El Decreto Supremo N° 002-2020, del 5 de febrero, y el Decreto Supremo N° 001-2020, del 7 de febrero, restringieron la acción de la ACFFAA únicamente a las compras denominadas “estratégicas” o de oferta restringida, como el armamento. De esta manera, los denominados “productos rutinarios” –entre ellos los uniformes del personal– volvieron a quedar bajo la competencia directa de los Órganos bajo el Ámbito de Competencia (OBAC), es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Esta decisión, si bien se argumentó que seguía las recomendaciones de una comisión sectorial de 2019, coincidió de forma inquietante con el inicio de la pandemia y la posterior necesidad de compras urgentes.

El efecto inmediato de esta modificación fue la reapertura de las puertas del Ejército a antiguos proveedores, algunos de ellos con reputación por lo menos cuestionada. Lo que correspondía, según la norma, era realizar licitaciones públicas, pero la emergencia sanitaria ofreció una vía para las contrataciones directas que no tardó en ser utilizada.

El Regreso de un Proveedor Cuestionado: El Caso de Miloup

Uno de los nombres que resurgió con fuerza en este nuevo escenario de compras directas fue el de Military & Outdoor Products, más conocida como Miloup. Esta empresa textil, con sede en Ate, no era ajena a la controversia. En 2007, Miloup saltó a la notoriedad pública cuando la revista Caretas reveló la transcripción de un audio en el que el empresario Renato Díaz Costa admitía haber pagado sobornos para que un consorcio que incluía a Miloup fuera beneficiado en una licitación de uniformes para el Ejército. Este escándalo llevó a la anulación del contrato y al relevo de altos mandos militares.

Las investigaciones posteriores, lideradas por el entonces Inspector del Ejército, general Francisco Vargas Vaca, descubrieron que Díaz Costa utilizaba varias empresas, algunas a nombre de familiares, para obtener millonarios contratos y que se estimaba un sobreprecio de hasta el 70% en las prendas adquiridas. A pesar de las contundentes pruebas, incluyendo los audios de la corrupción, todos los investigados fueron absueltos años después. El argumento de los jueces de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima (entre ellos Aldo Figueroa Navarro, hoy investigado por sus nexos con “Los Cuellos Blancos”) fue que, al haberse anulado la licitación, no se había causado perjuicio al Estado, lo que invalidaba las pruebas.

Tras este episodio y la creación de la ACFFAA en 2014, Miloup redujo drásticamente sus ventas al Ejército, dedicándose incluso a servicios ajenos a la textilería. Sin embargo, con el cambio de reglas de 2020 y la emergencia por la pandemia, la empresa volvió a figurar entre los principales proveedores. Este retorno no solo es significativo por el historial de la empresa, sino por las conexiones que se revelaron durante la investigación periodística.

Las Compras en Plena Pandemia: Un Vendaval de Uniformes

Con las nuevas reglas en juego y la necesidad de equipar a su personal para las tareas de patrullaje en el contexto de la pandemia, el Ejército se aprestó a realizar una serie de compras de uniformes. Lo que inicialmente se planteó como una licitación de 40 mil 667 uniformes camuflados modelo Unipat para marzo, se transformó en una sucesión de contrataciones directas.

El general Jorge Céliz Kuong, entonces comandante general del Ejército, autorizó la contratación directa de 68 mil 749 uniformes camuflados bajo la causal de “desabastecimiento”. Adicionalmente, se adquirieron otros 19 mil 442 uniformes para la Reserva Orgánica. Ambos contratos, que incluían otras prendas de vestir, se firmaron entre abril y mayo de este año. Pero la vorágine de compras no se detuvo ahí. En el mismo mes de mayo, con recursos adicionales gestionados ante el MEF y bajo la justificación de “emergencia sanitaria”, Céliz autorizó una tercera compra de 91 mil 280 uniformes camuflados.

En total, el Ejército adquirió la impresionante cifra de 179 mil 471 uniformes por un monto que superó los 45 millones de soles durante el Estado de Emergencia. La entidad encargada de estas adquisiciones fue el Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte), bajo la dirección del general Carlos Díaz Dañino, quien afirmó haber verificado personalmente a las empresas capaces de cumplir con los encargos en el menor tiempo y a un costo razonable.

Tras una evaluación “exprés”, las empresas declaradas ganadoras fueron Creatividad Textil Import & Export y la ya mencionada Military & Outdoor Products (Miloup). Cada compañía recibió alrededor de 23 millones de soles, comprometiéndose a entregar las prendas en un plazo de noventa días.

La Trama de las Conexiones Familiares y Empresariales

Lo más relevante de esta investigación no es solo la magnitud de las compras o el regreso de Miloup, sino las profundas conexiones que vinculan a esta empresa con el empresario Renato Díaz Costa, protagonista del escándalo de 2007. A pesar de que su nombre no figura en la lista de accionistas de Miloup, la compañía opera en un local de cuatro plantas en la avenida Michael Faraday 565, propiedad de Díaz Costa y remodelado por él mismo. Además, otra dirección de Miloup consignada en los contratos con el Ejército (Avenida El Polo 661, Santiago de Surco) también pertenece a Renato Díaz Costa a través de su inmobiliaria Redbay del Perú.

Al ser consultado, Díaz Costa negó cualquier vínculo comercial con Miloup más allá del arrendamiento del inmueble. Sin embargo, esta versión se desmorona al analizar el papel de Carmen Hurtado Palma, actual representante legal de Miloup y firmante de todos los contratos con el Ejército. Hurtado Palma fue, durante una década (2011-2019), representante legal de una de las empresas de Díaz Costa, SJT Comercialización y Representaciones, que luego pasó a llamarse Renato D’Costa S.A.C. A pesar de las evidentes coincidencias, Hurtado Palma también mostró dificultades para recordar estos vínculos durante su entrevista.

La investigación dio un giro aún más sorprendente cuando el general Carlos Díaz Dañino, jefe del Sinte, reveló la existencia de otro vínculo de Díaz Costa hasta entonces desconocido. Según el general, el Ejército había contratado recientemente con Corporación Industrial Independencia, una empresa que, al igual que Miloup, es propiedad de Bertha Natalia González Caballero y opera en la misma fábrica de Michael Faraday 565. Cuando se le hizo notar que Díaz Costa no figura entre los propietarios de esta segunda empresa, el jefe del Sinte inquirió: “Ella (Bertha Natalia González Caballero) es su esposa. ¿O no?”.

Díaz Costa, por su parte, se limitó a responder “En mi DNI sale que soy soltero” cuando se le consultó sobre su parentesco con González Caballero, sin afirmar ni negar la relación. La revelación de Corporación Industrial Independencia es crucial, ya que esta empresa, considerada una “gemela” de Miloup, también cuenta con un largo historial de contrataciones con las Fuerzas Armadas que data de 2006 y no está exento de cuestionamientos judiciales. De hecho, figura en una investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima por colusión y negociación incompatible en la venta de uniformes militares a la ACFFAA en 2017.

Resumen de las Adquisiciones Durante la Emergencia

A continuación, un detalle de las principales compras de uniformes realizadas por el Ejército durante el Estado de Emergencia:

Concepto de CompraCantidad de UniformesMonto EstimadoJustificaciónEmpresas Involucradas
Primera Contratación Directa68,749(Parte de los S/ 45 millones)DesabastecimientoMiloup y Creatividad Textil
Contratación para Reserva Orgánica19,442(Parte de los S/ 45 millones)Apoyo en patrullajeMiloup y Creatividad Textil
Tercera Contratación Directa91,280S/ 19,406,000Emergencia SanitariaMiloup y Creatividad Textil
Total General179,471Más de S/ 45,000,000VariasMiloup y Creatividad Textil

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre las Compras de Uniformes

¿Cuántos uniformes compró el Ejército durante el Estado de Emergencia y cuál fue el costo?
El Ejército compró un total de 179 mil 471 uniformes camuflados por un monto que supera los 45 millones de soles durante el Estado de Emergencia en Perú.
¿Por qué estas compras generaron controversia?
La controversia surge por un cambio en las regulaciones que permitió al Ejército realizar compras directas, el regreso de empresas con historiales de corrupción (como Miloup), y las evidentes conexiones familiares y empresariales entre los dueños de estas compañías y el empresario Renato Díaz Costa, quien fue investigado por sobornos en el pasado.
¿Qué empresas estuvieron involucradas en estas millonarias adquisiciones?
Las principales empresas beneficiadas fueron Military & Outdoor Products (Miloup) y Creatividad Textil Import & Export. Además, se reveló la existencia de Corporación Industrial Independencia, también vinculada a los mismos actores y con historial de cuestionamientos.
¿Quién autorizó los cambios en los procedimientos de compra que permitieron estas adquisiciones directas?
Los cambios fueron autorizados por dos decretos supremos firmados a inicios de 2020 por el expresidente Martín Vizcarra y el entonces ministro de Defensa, Walter Martos. Estos decretos restringieron la acción de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y devolvieron la potestad de compras “rutinarias” a los institutos armados.
¿Se intentó impedir la publicación de esta investigación?
Sí, la investigación periodística enfrentó intentos de supresión, incluyendo la recepción de dos cartas notariales de los empresarios involucrados antes de la publicación, y un intento de compra de la investigación por un personaje anónimo, lo cual es inusual y sugiere un intento de intimidación.

Conclusión: La Imperativa Necesidad de Transparencia

Las compras de uniformes del Ejército durante el Estado de Emergencia no son un hecho aislado, sino un reflejo de los desafíos persistentes en la transparencia y la probidad en la gestión de los recursos públicos. El regreso de proveedores con historiales cuestionados, los cambios normativos que abren puertas a la discrecionalidad y las intrincadas redes de conexiones empresariales y familiares, configuran un panorama que exige una vigilancia constante.

La labor del periodismo de investigación se vuelve, en este contexto, fundamental para sacar a la luz estas tramas y exigir responsabilidades. Más allá de las absoluciones judiciales pasadas o las justificaciones coyunturales, la opinión pública y los órganos de control deben seguir demandando una explicación clara sobre cómo se gastan los 45 millones de soles de todos los peruanos, especialmente cuando están destinados a equipar a aquellos que velan por la seguridad en momentos de crisis. La transparencia no es solo un ideal, sino una herramienta esencial para la construcción de una sociedad más justa y libre de corrupción.

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